2015/04/15

236244.- Veneconomia Opina, 15 de abril 2015

Una cucharada de la propia enfermedad

El gobierno de Nicolás Maduro está desbordado por la crisis económica generada por su política de controles. Pero, repotencia e intensifica aún más los controles del tipo de cambio y de precios cuando lo sensato sería rectificar el rumbo y desmontar los controles.

Dos de las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional en materia de controles son: el recorte de los cupos de viaje y la centralización de suministro de los fármacos de enfermedades crónicas. Ambas medidas evidencian que la élite al mando de la economía no logra, o no quiere entender que ese camino sigue empujando al país al infierno de la escasez y la corrupción.

Se puede decir, como lo indica el economista Enrique González Porras, en su artículo “¿Control Transitorio Administrado de Precios?” que saldrá publicado en VenEconomía Mensual de abril, que “el remedio no puede ser una cucharada de la propia enfermedad, ni tiene lógica normativa alguna legislar y actuar sobre efectos, dejando las causas intactas”.

Explica González Porras en su análisis que parece un exceso que se proponga un tal “control transitorio administrado”, que implicaría mantener los controles de precios –entre otros los del tipo de cambio–, porque “se cree que liberar los controles, previamente al aumento de la producción”, terminaría siendo contraproducente.

Para el economista esto “sugeriría negación absoluta o presunción de inoperancia del sistema de precios y de la soberanía del consumidor, sustituida por acciones burocráticas-regulatorias”. Y que “salvo que se demuestre con argumentos y evidencia dura, resulta una posición ad hoc proponer la continuidad de los controles”.

Advierte que “tal posición partiría, primero, del prejuicio de que todas las empresas sometidas a controles de precios poseen posición de dominio e incentivos para explotarla; y segundo, que los controles de precios no constituyen una de las principales fuentes de las distorsiones económicas en la actualidad”.

Sostiene González Porras que “los controles de precios por constituir restricciones a la libertad y a los derechos económicos representan una sanción, que bajo el imperio de la Ley –existencia de Estado de Derecho y Debido Proceso- exige un procedimiento administrativo (si la estructura regulatoria obedece a la tradición del derecho administrativo europeo continental) o un juicio (si responde a la tradición del Common Law)”.

Explica que la existencia de “causas inflacionarias como el financiamiento inorgánico del déficit o el exceso de liquidez para el nivel de la actividad económica y de la oferta de bienes y servicios; poco o nada podrán hacer los controles de precios –salvo fomentar mercados negros, paralelos, arbitraje y contrabando de extracción-”.

En definitiva, como puntualiza González Porras, “los controles de precio no constituyen instrumentos ideales para tutelar la equidad y mucho menos para el control inflacionario. Para el primer caso existe la política fiscal, de transferencias y subsidios y para el segundo caso, las políticas de estabilidad macroeconómica. De hecho, la inflación constituye un mal público y no el producto del ejercicio del poder de mercado generalizado, tesis que carece de micro fundamentos”.

Recuerda el economista “que la inserción social y laboral y el resguardo del poder de compra de la moneda, de los sueldos y los salarios, no se logran por medio de los controles de precios, sino por medio de incentivos dinámicos a favor de generar actividad económica y empleos y mejorar la productividad como bien social clave para generar riqueza y bienestar”.

Y para concluir, deja sentado que “cuando existen severos problemas de escasez, los controles de precios como reglas burocráticas de reparto del valor del bien, resultan absoluta y totalmente inocuos sobre el bienestar social, porque no reconstituyen pérdida de eficiencia asignativa ni aumentan la demanda satisfecha”. Es decir, no promueven aumentos de producción con lo cual se profundiza la escasez.
Editores de VenEconomía

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