Tomado de VENECONOMIA hoy miercoles10/08/11
Como ilustra la caricatura de Rayma de este miércoles en El Universal, en la Venezuela que comanda Hugo Chávez, no son los delincuentes quienes viven tras las rejas sino el resto de los ciudadanos.
Ante el desborde de la delincuencia en la última década a los venezolanos no les ha quedado otra que refugiarse en los barrotes de sus viviendas para intentar escapar del hampa y salvaguardar sus vidas. Aún cuando esto es, en innumerables oportunidades inútil, pues tanto en barriadas como en urbanizaciones la delincuencia invade los hogares dejando saldos mortales a su paso.
Esta rodada en el sistema de seguridad ciudadana puede remontarse desde aquellas primeras declaraciones del presidente Hugo Chávez excusando el robo por razones de pobreza o de hambre.
Ha sido obvio que el Gobierno ha estado más interesado en un armamentismo desmesurado y corrupto, escudándose en una supuesta (e infundada) amenaza de invasión imperialista, que en establecer políticas e invertir en un sistema de justicia y penitenciario que garantice la vida de los ciudadanos y respete los derechos humanos de todos los venezolanos.
Mucha agua ha pasado en estos más de 12 años de Gobierno en lo que respecta al manejo del sistema policial con criterios políticos, sin tomar en consideración los aspectos técnicos y humanos. Entre otras anomalías, la Policía de Caracas y la Metropolitana, en tiempos de los alcaldes Freddy Bernal y Juan Barreto, fueron infiltradas con grupos violentos y sin formación alguna para que sirvieran de fuerzas de choques contra manifestantes opositores desarmados. Se desmembraron y desarmaron las policías municipales y regionales, en aras de crear una Policía Nacional aún en incipiente formación. El sistema de justicia se hizo más lento y corrupto. Mientras los procesos judiciales se demoran cada día más, las cárceles se abarrotaron, se han deshumanizado y se han hecho ingobernables.
El colmo es que la nueva ministra para el Sistema Penitenciario, Iris Varela, en vez de ir al meollo del problema decide anunciar que: 1) Liberaría unos 20.000 presos. 2) Suspensión de ingresos de nuevos privados de libertad sin previa autorización de su despacho. 3) Limitaría las capturas de personas que cometan delitos menores. 3) Pediría la destitución de todo juez que se le oponga a sus decisiones.
¿Por qué se le escapó de las manos al Gobierno esta problemática que afecta por igual a cualquier ciudadano sin distingo alguno? ¿Es una política del Estado castrocomunista en construcción, como señalan algunos analistas? ¿O es simple incompetencia? ¿O es la comprobada desidia, desinterés e irrespeto por la vida humana de los gobernantes chavistas?
Todo se puede esperar de unos funcionarios que desprecian la institucionalidad democrática, irrespetan la separación de poderes, violan el Estado de Derecho y usan el sistema de justicia para fines políticos.
. Disponible en inglés en: www.veneconomy.com