LUCHA JUSTA.
Un abogado
que no conozca ni practique la virtud de la justicia, y de consiguiente, que no
conozca, ni practique, ni propague ni defienda la tutela constitucional de los
derechos fundamentales del ser humano, lesiona gravemente el juramento hecho
ante el Rector de la Universidad donde obtuvo su título.
Un abogado
que no estudie, o que no cumpla con el compromiso adquirido con su cliente, o
que le sea desleal, o que le mienta, o que pretenda corromper o corrompa
funcionarios públicos ¡es un sinvergüenza que debería ser separado de tan
honroso y hermoso oficio! Se le debería juzgar en el Tribunal Disciplinario. Y
se le debería abrir un proceso penal si hubiere elementos de convicción para
ello.
Un abogado
en el ejercicio de funciones públicas (fiscal, inspector, defensor, procurador,
secretario, etc.), que adolezca de uno o varios de los defectos o vicios antes
señalados, debería ser tratado con el mayor rigor que la ley permita, porque no
sólo juró ante el Rector: también juró como requisito para asumir el cargo.
Y si un
juez no respeta él mismo su independencia o autonomía; o si no es imparcial; o
si no garantiza a toda persona –conforme al principio de progresividad y sin
discriminación alguna- el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e
interdependiente de los derechos humanos, así como su respeto a las garantías
constitucionales y legales; o si, con su mal actuar o mal decidir, no asegura
el disfrute de las garantías sociales y la suprema felicidad del pueblo, o
desconoce o infringe los valores y principios de un estado democrático y social
de Derecho y de Justicia; o si sus sentencias no se sujetan a la Constitución y
a las leyes, o si la razonabilidad de las mismas no son fiel reflejo de la
verdad y la justicia, sea porque están afectadas por injerencias
político-partidistas, económicas, religiosas, sociales, etc., sea por su falta
de preparación moral y jurídica; o si desconoce o infringe el principio
constitucional de que el proceso constituye un instrumento fundamental para la
realización de la justicia; o si desconoce o rechaza que la finalidad del
proceso consiste en establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y
la justicia en la aplicación del Derecho; o si sus argumentaciones o
interpretaciones judiciales están divorciadas de los valores, principios,
derechos y garantías constitucionales, o lo desvían de su deber de asegurar la
integridad de la Constitución; o si tiene miedo, o es deshonesto, o no tiene
vida privada y pública ejemplares; y, si encima
de males, no rectifica de inmediato y, en cambio, persiste en una de
esas actitudes, lo pagará caro y muy pronto en esta vida; o algún día en la
Otra.
El juez que
se presente con un prontuario así, arrasará con la administración de justicia en
los casos que desgraciadamente hayan llegado a sus manos, y además, debilitará
progresivamente la sociedad de la que él es integrante: la desorganizará, la
sembrará de rencores, retaliaciones y venganzas; y en pocas palabras, la
preparará para que en ella se instale e impere la ley de la selva. Y de esta
forma, ¡Adiós a las garantías y derechos fundamentales! ¡Adiós al respeto a la
dignidad humana!
Un Colegio
de Abogados que no se manifieste ante la lesión grave y continuada de las
garantías y derechos fundamentales, y no llame a la consiguiente lucha para
rescatar tales derechos, es una corporación que se va deslegitimando
rápidamente, por obra de su omisión.
Una Facultad
de Derecho que lleve a sus estudiantes por caminos distintos a los de la
verdadera excelencia, en el aprendizaje del saber jurídico, es como una mala
madre, que prepara a sus hijos para ser una carga, para servir de estorbo a la
administración de justicia y a la eficiente y correcta representación legal de
las personas.
¡Abogados
en el ejercicio privado de su profesión; abogados en el encargo de funcionarios
públicos; JUECES, desde el que tenga la más alta investidura hasta la más baja;
Colegios de Abogados, Facultades de Derecho y sus profesores, ¡ojo!: si nos
conformamos con enterrar la cabeza para no “ver”, y solamente cuidamos nuestros
intereses personales o familiares, estamos cometiendo un delito de lesa patria.
Echar adelante y hacia arriba a Venezuela no es sólo un problema de “los
demás”, de los estudiantes, de los jóvenes, o de quienes tienen vocación de políticos, etc.
Yo abogado,
tú juez, tú fiscal, y tu funcionario público en tus distintos oficios o tareas,
y tú, Junta Directiva de un Colegio de Abogados, ¡despertemos! ¡Somos nosotros
quienes estamos acabando con la Justicia y el Derecho! La sociedad a la que
pertenecemos está desvalida del auxilio jurídico, y por ende, condenada a la
ruina, moral, política y económica. E increíblemente ignoramos que serán
nuestros hijos y nietos quienes pagarán por nosotros, pues formarán parte de
los próximos afectados por una “justicia” injusta, por nuestra cobardía, por
nuestras actuaciones y decisiones irresponsables, o parciales, o complacientes.
Y nosotros no podremos salir en su defensa: el olvido por el paso del tiempo
nos habrá sacado del juego, o ya estaremos muertos.
Y pensar
que hoy, Venezuela nos necesita más que nunca. El quinceañero régimen, en vez
de fijarle metas a nuestro pueblo, le ha puesto una quimera como horizonte,
consistente en una fórmula de supuesta excelencia al alcance de todos, pero que
en realidad no es más que un sofisticado y antiguo engaño en continua
trashumancia, en búsqueda –alarmantemente adelantada- de un disimulado pero
devastador imperio: el de la ignorancia. Nuestros malhadados actuales
gobernantes no tienen otra filosofía que la del fracaso solapado, predican la
ignorancia con guardarropía de excelencia, enseñan descaradamente la envidia
frente a quien triunfa a base de esfuerzo, y pretenden -¡ladinos, perversos!-
sumergir a todo el mundo en la miseria espiritual y material.
Y pensar
que estamos en la luna, si no comenzamos por advertir ¡ya! que esas absurdas
barricadas de basura en las calles y sus consiguientes quemas, son los caminos
más rápidos para enfermar a nuestros niños y a nosotros mismos…Y pensar que
podemos convertir en cosa buena la presente confrontación vivida en nuestro
país, si trascendemos de la ofensa y la agresión callejera, de procedimientos que
en muy poco afectan las políticas negativas del actual gobierno y que en mucho
afectan nuestras propias familias. Y pensar que a los abogados corresponde, más
que a muchos, la guarda de las familias, de la comunidad, del país, pues
conocemos –se supone- las leyes y se nos enseñó –se supone- cómo es que se
infiltra la justicia en el espíritu y en la acción del hombre común, y en el
espíritu y la acción de quien tiene una responsabilidad pública.
NUESTRA
LUCHA frente a un régimen contrario a las libertades del ser humano, que no
sólo pretende imponernos un sistema fracasado sino que poco a poco nos está
entregando en manos extranjeras; que ha acabado con la seguridad jurídica; y
que miente cuando afirma, miente cuando niega, miente cuando pide, miente cuando
ofrece y miente cuando actúa, ES UNA LUCHA JUSTA. Sin embargo, no se trata sólo
de marchar, de vociferar, o de cacerolear. No es así como se convence. Debemos
inyectar conciencia y razón a las marchas, a las voces y a las cacerolas.
Nuestra tarea va hoy mucho más allá de oponer excepciones, impugnar sentencias
y solicitar nulidades. Lo primero será tener unidad y armonía en el
pensamiento, despojándonos de apetencias personales y grupales, que hoy las hay
muchas- Lo segundo será entrenarse en la virtud de la tolerancia, para
convencer amistosa y respetuosamente a quien difiere de nuestras opiniones; y,
en la virtud de la fortaleza, para defender los principios inherentes a la
dignidad humana, y para rechazar el error. Y lo tercero será trabajar en forma
perseverante, exigente y al unísono.
Y a esas
tareas debe seguir el trazado de una estrategia de lucha. La defensa de
nuestros derechos y de los derechos de quienes representamos, urge. Pasemos ya,
de la palabra a la acción.
La crisis de hoy es simplemente el conjunto de
nuestras crisis personales: hemos arrinconado a Dios para que no se entrometa
en nuestras decisiones, y sólo lo buscamos cuando nos sentimos impotentes, sea
porque nos acosa la enfermedad o la penuria económica, sea porque a nuestro
actual problema no le encontramos solución; en estos casos nos convertimos en
teocéntricos temporeros y dejamos el antropocentrismo a un lado… para cuando
haya una mejor ocasión. Debemos abdicar de tan pobre actitud: debemos
reencontrarnos con Él, para que lo tratemos no sólo por ser nuestro Creador y Redentor, sino también para que lo tratemos como el
Amigo que nunca falla; y así, comenzar la recuperación de todo lo que en
materia de principios éticos hemos tirado por la borda.
Sin el
respeto y la práctica de esos principios, sin la unidad y armonía en el
pensamiento, sin despojarnos de apetencias personales y grupales, y sin
trabajar en forma perseverante, exigente y al unísono, no será posible
librarnos de un gobierno inicuo; no será posible restablecer la efectiva
vigencia de esta nuestra Constitución (artículo 333 de la Constitución), tan
permanentemente lesionada. Y, el desconocimiento de un régimen que, como éste,
ha contrariado –y no ha cesado de hacerlo- los valores, principios y garantías
democráticos, y que ha menoscabado –y no ha cesado de hacerlo- los derechos
humanos (artículo 350 de la Constitución), no tendrá eficacia; y al no tenerla,
los gobernantes a estrenar serán incapaces de reconstruir nuestro País, como “un Estado democrático y social de Derecho y
de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y
de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”
(artículo 2 de la Constitución).
Queridos
colegas, por favor: ¡Ayudemos a nuestro país, ayudemos a nuestra gente!
Muy agradecido.
Rafael Quintero Moreno.
Entradas
