Empoderamiento ciudadano

 

El desarrollo de los acontecimientos en los últimos días está evidenciando que la decidida posición colectiva de gobernantes regionales, Ong, población y medios de comunicación independientes para exigir derechos sin dejarse amedrentar, está forzando al Gobierno a tomar incipientes medidas correctivas en la grave situación del agua potable que afecta a millones de venezolanos.
Haciendo un vuelo rasante sobre los hechos que hicieron la diferencia y están torciendo el brazo renuente y soberbio del Gobierno se tienen:
Tres gobernadores que entendieron que su responsabilidad está con los ciudadanos y asumieron la defensa de los derechos de éstos.
José Gregorio (El Gato) Briceño, gobernador de Monagas de las filas del oficialismo, quien contraviniendo órdenes expresas del poder central se opuso a surtir de agua contaminada a la población de Maturín, tras el derrame petrolero de Jusepín. Su justa posición le costó su expulsión del partido del presidente (el PSUV) y el ataque frontal de los poderosos del chavismo, entre ellos, el diputado y presidente del PSUV, Diosdado Cabello.
Pablo Pérez, Gobernador del Zulia y militante del partido opositor Un Nuevo Tiempo, quien denunció la contaminación de las aguas del Sur del Lago de Maracaibo tras un derrame petrolero en la zona. Y Henrique Salas Feo, Gobernador de Carabobo y dirigente del opositor Proyecto Venezuela, quien denunció que Hidrocentro enviaba agua envenenada a varios estados del centro del país y a Caracas. Ambos recibieron advertencias del primer mandatario de abrirles una investigación por supuestamente estar creando con sus denuncias un estado de zozobra en la población, tildándolas de estar haciendo “terrorismo mediático”.
La sociedad organizada, los expertos en el tema y los ciudadanos que no han acallado sus voces, han investigado y presentado pruebas irrefutables de la situación en diferentes medios informativos y redes sociales. Es más, el Movimiento por la Calidad del Agua, introdujo esta semana un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia para detener el nuevo trasvase del Lago de Valencia al embalse Pao-Cachinche, que aumentaría aún más la contaminación de la represa.
Los medios de comunicación, en especial Globovisión y los caricaturistas del país, quienes no silenciaron sus denuncias a pesar de la insólita medida cautelar que prohíbe informar sobre aguas contaminadas sin el aval de un informe técnico.
A pesar de negar todas las denuncias, el Gobierno aprobó un financiamiento por Bs.640 millones “para la rehabilitación, modernización y optimización de las plantas de potabilización del agua en todo el territorio nacional”.
La lección es que el empoderamiento ciudadano sí marca la diferencia.

• Disponible en inglés en: www.veneconomy.com