Desde los inicios del Gobierno de Hugo Chávez se viene impidiendo el acceso a la información veraz y oportuna que obliga la Constitución Nacional y a la crítica objetiva y constructiva, de manera gradual. Hoy en Venezuela todo asunto público manejado por el Gobierno, adolece de secretismo.
Esta política de imponer el hermetismo informativo llevó al cierre del Radio Caracas Televisión y de una centena de emisoras de radio. Además mantiene un cerco económico y judicial sobre Globovisión y le tiene puesta una ley mordaza a todo medio informativo. Amén de que hoy, se obstaculiza abiertamente el acceso a la información pública y a las fuentes estadales, incluyendo las de las morgues, que revelan la cifra de las víctimas de la delincuencia. A esto se le suma que los medios de comunicación son invitados selectivamente a las ruedas de prensa y a los actos supuestamente públicos de los organismos del Estado, según el grado crítico que éstos tengan contra las políticas de Hugo Chávez.
Esta estrategia de silencio informativo de la “revolución” llega a un nuevo extremo, para un Gobierno que dice ser una verdadera democracia.
Resulta que el Gobierno volvió a tomar la vía dictatorial del General Juan Vicente Gómez al decir ¡chito! a la labor informativa de los medios de comunicación sobre la crisis de agua potable que estaría afectando a varios estados del país.
Un Gobierno responsable, para el que la salud de los ciudadanos es lo prioritario, habría ordenado una exhaustiva investigación sobre las denuncias de contaminación del agua y a la par habría emprendido una campaña de concientización de la población acerca de las medidas preventivas a tomar para purificar el agua que se toma en los hogares. Pero, el presidente Chávez no hizo nada de esto. Por el contario, el mandatario instó este martes al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia a investigar a los denunciantes por supuestamente estar saboteando al Gobierno.
Así, ni corta ni perezosa, el miércoles la Fiscalía General de la República, abrió una investigación y solicitó a los tribunales que ordenaran a los medios de comunicación que sus informaciones sobre la calidad del agua que se surte a los venezolanos esté soportada por pruebas técnicas y por estudios científicos y de laboratorio.
Hoy 22 de marzo, cuando se celebra el Día Mundial del Agua, los venezolanos están estrenando una medida cautelar dictada por el Tribunal 25 de Control del Área Metropolitana de Caracas que obliga a los medios de comunicación a presentar sólo la información relativa a la contaminación del agua que esté avalada por un informe técnico de un "organismo competente".
El Gobierno busca aplicar con el agua, lo que ha aplicado con la ingente inseguridad que agobia al país: ¡de lo que no se habla no existe!
• Disponible en inglés en: www.veneconomy.com
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