Los diablos sueltos

No es que sea nuevo o extraño el ataque a los medios de comunicación en estos 13 años de Gobierno de Hugo Chávez.
El uso de la mordaza en pro del proyecto político personalísimo de Hugo Chávez ha cobrado decenas de víctimas en los últimos años, entre ellas, Radio Caracas TV y una cincuentena de emisoras radiales.
Además de que el Gobierno le tiene puesta una espada de Damocles al resto de los medios que aún sobreviven, a quienes una Ley Mordaza los obliga a amoldarse a fuertes restricciones informativas.
Un claro ejemplo de ese “amoldamiento” al silencio informativo se manifestó la semana pasada durante la entrega de los premios Pepsi Music, transmitida por Venevisión el jueves 29 de marzo. Según denuncias en los medios de comunicación y redes sociales, la edición del canal habría censurado todos los mensajes de paz y el no a la violencia expresada por la mayoría de los artistas que participaron en el evento cuando grabaron la emisión.
De no acogerse a ese mandato del silencio informativo, a los medios se les aplica el ácido de multas y cierres. En ello el favorito para la persecución de Conatel es el canal de noticias Globovisión, quien lleva un récord de investigaciones y multas, en castigo por mantener una línea editorial informativa independiente. En la actualidad el canal de noticias está condenado a pagar una multa de más de Bs.9 millones por transmitir los hechos violentos del Retén del Rodeo en junio de 2011.
Pero, el abuso y la discrecionalidad en la aplicación de las leyes mordazas se han hecho aún más evidentes, si ello es posible, en los últimos días:
Uno la medida cautelar para informar sobre la contaminación del agua del 21 de marzo de 2012, que emanó el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La cual ya entró como tema de debate en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Otro evidente uso de la discrecionalidad para satisfacer las apetencias del Ejecutivo Nacional es el cierre de cuatro emisoras de radio en el estado Monagas, por “prestación de servicios ilegales”, entre las que se cuenta una del hermano del Gobernador José Gregorio Briceño. Independientemente del estado legal de estas emisoras, llama la atención que Conatel se haya percatado de la supuesta ilegalidad ahora cuando el Gobernador cayó en desgracia con el Gobierno, por su posición crítica para surtir agua contaminada con hidrocarburos a la población de Maturín.
Otra mordaza aplicada en los últimos días afectó al Diario La Prensa de Barinas, también de línea editorial independiente, el cual fue multado con el 1% del ingreso bruto del ejercicio fiscal de 2011, por haber publicado fotografías de sucesos que según la Defensoría del Pueblo afectan la psiquis de los niños y adolescentes.
Ya en la recta de la carrera del 7 de octubre, tal parece que el Gobierno decidió soltar los diablos de la persecución.
• Disponible en inglés en: www.veneconomy.com