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EL UNIVERSAL
viernes 12 de abril de 2013 02:49 AM
Ventajismo, abuso de poder, utilización
indiscriminada y sin control de los recursos públicos. Todo el dinero
proveniente de los ingresos petroleros o producto de los tributos que pagan los
ciudadanos a plena disposición del oficialismo para gastos de campaña. Un
Consejo Nacional Electoral que más que árbitro se ha convertido en actor.
Cientos de denuncias de irregularidades interpuestas ante el propio ente
electoral y ante otras instancias administrativas o judiciales sin ninguna
respuesta, sin ni siquiera procedimientos en curso. Decenas de solicitudes de
los partidos o de las organizaciones civiles en el sentido de eliminar trámites,
máquinas o alcabalas que solo retrasan el proceso y que no agregan
transparencia, negadas o simplemente no admitidas.
Hay más. Todo el poder
del Estado en materia de administración y regulación del proceso con claro
desbalance a favor de la candidatura oficialista. Decisiones administrativas
sancionatorias rápidas y contundentes, pero siempre en contra de los candidatos
de oposición y muy especialmente a quienes respaldan al abanderado de la Mesa de
Unidad Democrática. Desigual mezcla de roles del candidato oficialista quien
confunde en eventos públicos actos de gobierno con presentaciones de campaña.
Presencia invasiva del mensaje oficialista en la poderosa red de medios públicos
y, además, absoluta discrecionalidad a la hora de encadenar a todos los medios,
sean públicos o privados. Múltiples trabas, algunas claramente
inconstitucionales, en contra del venezolano que vota en el exterior. Cierre de
fronteras sin previo aviso en perjuicio de votantes nacionales que quedaron
atrapados sin poder entrar al país. Declaraciones de funcionarios militares o de
gobierno fijando posiciones políticas e ideológicas en evidente violación de la
ley. Organización y ejecución de complejos y costosos planes para acarrear
votantes con intervención de la Fuerza Armada, Pdvsa, consejos comunales que
solo es posible instrumentar si se cuenta con el poder del gobierno. Amenazas e
inicio de procesos judiciales contra dirigentes de la oposición. Permisividad
ante la violencia y el terror en eventos de carácter público de la oposición o
en manifestaciones y protestas. Trabas y obstáculos contra actos de la Mesa de
la Unidad Democrática y su candidato.
Ese es, a grandes rasgos, el marco
que sustenta el clima electoral venezolano. No solo en esta oportunidad, sino
también en los últimos años. Con todo y eso, los ciudadanos votan. Ejercen su
derecho, un derecho inalienable. Y lo hacen masivamente. Siempre con esperanzas
y el más acendrado sentimiento democrático. Esta vez será igual.
A
votar. A votar por encima de todo, sin miedo y por el rescate del ejercicio de
las libertades plenas y la reinstitucionalización del país, única forma de
retomar el camino del progreso y el desarrollo.
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