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24 de abril de 2013
El país está viviendo, y la comunidad internacional
observa con estupor, la cacería de brujas que el gobierno de Maduro está
llevando a cabo no solo contra el sector político opositor, sino contra
estudiantes, trabajadores, vecinos y ciudadanos en general.
Tan es así que puede decirse sin temor a exagerar que la
persecución que se adelanta en estos días es la más aberrante que se ha
registrado en el país, incluyendo la de las épocas de las dictaduras de Juan
Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, que ya es mucho decir.
El salvajismo con el que la Guardia Nacional arremetió
contra los manifestantes en varias ciudades, especialmente contra los
estudiantes de Barquisimeto y Carabobo es inadmisible, más aún cuando éstos
sólo reclamaban un derecho democrático básico: ¡Que se contaran sus votos, pues
ese es su derecho de elegir consagrado en la Constitución Nacional!
Por estos días se amenaza y se lanzan improperios contra
periodistas, artistas y anclas de los medios de comunicación. Incluso el propio
Maduro intimida y le da un ultimátum a canales de televisión por informar
hechos que acontecen en el país, veraz y oportunamente.
Circulan incluso advertencias de los entes rectores de
los medios de comunicación y de las policías políticas del régimen para los
usuarios de las redes sociales, conminando a sus adeptos al “sapeo” en contra
de familiares, amigos y grupos de seguidores que se atrevan a lanzar
cuestionamientos o difundir imágenes y textos adversos al gobierno.
Es también muestra de la peor barbarie dictatorial lo que
aconteció en el Parlamento contra representantes del pueblo democrático. O el
flagrante desprecio a la ley del trabajo que mostró el Ministro de la Vivienda
y la amenaza de otros funcionarios del gobierno y diputados del oficialismo
contra los trabajadores que muestren simpatía por el movimiento democrático que
lidera Henrique Capriles. O el colmo de la invasión a la privacidad: el
registro a los teléfonos, computadoras, correos electrónicos, facebook y
twitter de los trabajadores que se adelanta en ministerios, centros de estudio
públicos, y otros despachos gubernamentales.
A esto también se agregan las amenazas contra la vida y
la libertad de los dirigentes opositores como Henri Falcón y Leopoldo López. O
el feroz ataque contra Capriles que hizo este martes 22 de abril la ratificada
ministro del sistema penitenciario, Iris Varela. Esta, en vez de dedicarse a
resolver el desbordado problema de las prisiones del país, amenazó con un verbo
fuera de control al líder democrático con meterlo en una celda, ponerle
uniforme, cortarle el pelo, quitarle “el pensamiento fascista” y rescatarlo
“como ser humano”.
La buena noticia es que en Capriles, los demócratas han
encontrado un líder que no ha caído en la trampa de la violencia, al que no han
sacado del control racional, y a quien no han logrado sumergir en las
provocaciones, pero que también ejerce un liderazgo firme para reclamar por
vías de la no violencia los derechos ciudadanos y políticos que asisten a
muchos más de 7,3 millones de venezolanos.
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