8392.- Allanamientos presidenciales.-

Maduro sin potestad para allanamientos

Alberto Arteaga y Jesús Ollarves señalan que el mandatario cometió injerencia en el Estado de derecho y violó garantías

SOFÍA NEDERR14 DE MARZO 2014 - 12:01 AM

La Constitución no concede facultades al presidente para ordenar investigaciones penales. Los abogados Alberto Arteaga Sánchez y Jesús Ollarves consideran una intromisión grave de Nicolás Maduro en el Poder Judicial el ordenar el allanamiento de viviendas en El Trigal, en Valencia, y la detención de francotiradores.

Arteaga señaló que el presidente es el jefe del Estado y, como parte del Ejecutivo, no debe interferir en el resto de los poderes.

“La orden de Maduro es una injerencia inaceptable en un estado de derecho y de justicia. Corresponde al Ministerio Público iniciar las investigaciones con la ayuda de los órganos criminalísticos; contrario a lo que ha dicho la fiscal general, no se necesitan denuncias. Esta práctica ilegal de Maduro comenzó con Chávez, que ordenó detener a la juez María Afiuni y al comisario Iván Simonovis, entre otros”, dijo.

El abogado Jesús Ollarves denunció que las órdenes de Maduro constituyen una amenaza flagrante de violación de los derechos humanos y garantías fundamentales. Señaló que la medida presidencial evidencia violación del debido proceso, de la presunción de inocencia y del derecho a la intimidad; rechazó lo que considera “terrorismo del Estado” porque las órdenes deben ser solicitadas por la Fiscalía, emitidas por un juez de control y hacerse de manera individual, no generalizada.

Refirió que una sentencia de la Sala Constitucional en 2009, sobre el caso de Manuel Rosales, determinó que “el presidente de la república no está facultado para meter preso a nadie”.

El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Marino Alvarado, dijo que el presidente puede plantear investigaciones que requiera el Estado ante la situación del país. No sabe si Maduro efectivamente ordenó los allanamientos. Provea solo consideraría que habría violación de los derechos humanos en caso de que los allanamientos no estuvieran sustentados por una orden judicial.

“Sin órdenes policiales estaríamos en riesgo de volver a los procedimientos del Cicpc en 2012 y 2013, calificados de madrugonazos y que fueron cuestionados por el gobierno. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía deben garantizar que los allanamientos se ajusten a la Constitución”, indicó.

EL DATO
La ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, escribió en su cuenta de Twitter el miércoles en la noche: “El pdte. Maduro, actuando en su condición de Cdte. en Jefe de la FANB, ordenó la detención de francotiradores q acabaron con la vida de ciudadanos de Carabobo”. Señaló que el jefe del Estado también ordenó al Grupo de Acciones de Comando de la GNB allanar viviendas en El Trigal, Valencia.