8247136.- Fuera cubanos de Venezuela...

Noticiero Digital, 28 de abril de 2014

Derechos en la cuerda floja

Si a algo le teme el castrocomunismo es a que los ciudadanos venezolanos puedan ejercer todos los derechos civiles, políticos y económicos.
De allí, que en sus 14 años de gobierno, Hugo Chávez, avanzó de manera determinante en asegurar el control de los poderes públicos, garantes de esos derechos que se establecen tanto en la Constitución Nacional, como en un cúmulo de tratados internacionales que Venezuela ha suscrito.
Y para ello no se anduvo con distracciones legales, ni guardó formas democráticas. Además fue copando todas las instancias decisorias casi paralelamente. El control del Parlamento en 2007, permitió el control del Tribunal Supremo, la mayoría casi absoluta en el Consejo Nacional Electoral, aplazar indefinidamente el nombramiento del Contralor General de la República y así, hasta lo inimaginable.
El resultado de este asalto a las instituciones guardianas de la democracia ha sido la producción de un sinfín de leyes írritas que controlan todo el quehacer ciudadano, aprobadas a mano alzada por una bancada que vota entubada por la orden de una sola voz. O unos procesos electorales manipulados y nada transparentes. O una Contraloría que al mando del Ejecutivo, no ve ni oye ni investiga gestiones que a la vista se sabe que son corruptas.
Pero, tal vez el hecho más ignominioso es el control del Sistema de Justicia y uso político que se le da al Tribunal Supremo de Justicia en todas sus salas y tribunales. Este abuso político del TSJ es un hecho de alto riesgo, pues como sostiene en una entrevista de El Universal de este lunes 28 de abril, la ex magistrada Rosa Marmol de León, "la garantía de la convivencia son los tribunales y si la población deja de creer en ellos se invita a la justicia por cuenta propia, es decir a la violencia".
Ese uso político que, como confesó el ex magistrado de la Sala Penal del TSJ, condenó a pagar prisión por delitos no cometidos a Iván Simonovis, a Henry Vivas, Lazaro Forero y los nueve policías de la metropolitana, solo para lavar la cara a los poderosos culpables de la masacre de abril de 2002.
Un uso político que ahora repotencia la Sala Constitucional, la última instancia a recurrir para obtener justicia en Venezuela, con sus últimas actuaciones supra constitucionales que: (1) en horas tomó la triple decisión de destituir, encarcelar e inhabilitar a los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos, además de ordenar el llamado a elecciones en sus municipios y la apertura de un proceso penal. (2) Legitimó el despojo de la investidura parlamentaria a la diputada María Corina Machado. (3) Eliminó el derecho a la libre protesta establecido no solo en el artículo 68 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales, entre ellos el de la ONU, que establece que el derecho a la protesta está incluso por encima del derecho a la libre circulación.
Este último para tratar de silenciar la calle, esas calles que los estudiantes tienen tomadas desde hace 82 días, sin que la fuerza bruta y represiva de la guardia nacional y los parapolicías del régimen de Maduro, hayan podido replegar. Como tampoco la aplacaron los más de 40 jóvenes asesinados por las armas del Estado ni las casi 2.500 detenciones irregulares ni los más de 80 casos de tortura documentados por el Foro Penal.