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La
farsa en las habilitantes bolivarianas
Las leyes habilitantes, son
poderes especiales que desde el siglo pasado se conceden en Venezuela no solo
para legislar en tiempos de catástrofes naturales y situaciones de guerra, sino
también para casos de emergencia financiera y económica. Pero, desde que Chávez
ascendió al poder, las “habilitantes” han servido para que el Presidente
decrete toda clase de legislación sin la “necesidad” de consultar con la
Asamblea Nacional, ni mucho menos con la opinión pública.
Desde 1961, el Poder
Legislativo ha otorgado 11 leyes habilitantes a siete presidentes de la
República.Seis de ellas entre 1961 y 1998, a cinco presidentes
constitucionales; cinco entre 1999 y 2012 que permitieron aHugo Chávez legislar
a dedo 215 decretos leyes en lapsos variables en un total de 4 años y medio, de
los 14 que estuvo en el poder; y una dada a Nicolás Maduro el 15 de noviembre
de 2013, para conferirle por 12 meses poderes especiales para “combatir” la
corrupción y una presunta “guerra económica, que ha ocasionado especulación,
desabastecimiento y acaparamiento de bienes de primera necesidad”.
El caso es que las cuatro
leyes habilitantes en manos de Chávez, y la de Maduro, han sido utilizadas para
tejer la amplia red “legal” que sustenta y profundiza al socialismo del siglo
XXI.
Maduro apenas recibió sus
poderes el 15 de noviembre de 2013, promulgó sus primeros tres decretos leyes:
1) Ley de Precios Justos.2) Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario
para el Uso Comercial. 3) Ley del Régimen Cambiario que crea el Centro de
Comercio Exterior (Cencoex) y reformó parcialmentela Ley de Ilícitos
Cambiarios.
A un año de promulgadas,
ninguna de ellas ha servido ni para controlar la corrupción ni para sacar al
país del atolladero económico en el que lo metieron las erróneas políticas del
Plan de la Patria. ¡Todo lo contrario! Venezuela está hundida en la peor crisis
económica y social de toda su historia republicana.
Este viernes 14, faltando
pocos días para el vencimiento de sus poderes habilitados, Maduro, firmó otros
tres decretos leyes: 1)Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de
Competencias, Servicios y otras Atribuciones; 2) Ley para Establecer los
Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones de Base Popular; 3) Ley
para la Juventud Productiva. Además decretó las reformas de la Ley de
Alimentación y de la Ley sobre Misiones (estas últimas todavía sin publicar en la Gaceta Oficial). Todas ellas
enmarcadas dentro del ideario del Estado Comunal dibujado en el Plan de la
Patria, y ajenas a lo que contempla la Constitución Nacional.
Este lunes 17 de noviembre,
en el marco del acto de clausura del Primer Congreso de la Clase Obrera, un
acto con más visos circenses que de clase obrera, Maduro anunció otro
decreto-Ley habilitante: la Ley para la Simplificación de Trámites
Administrativos, quizás la única de las leyes habilitantes que podría ir en la
dirección de aligerar la carga de la corrupción. Y anunció la reforma de la Ley
Orgánica de la Administración Pública y de la Ley de Planificación Pública y
Popular.
En el acto además aprobó 12
propuestas de los trabajadores oficialistas, de las cuales algunas se
incorporarán apresuradamente en la Ley habilitante antes de que llegue a su
término esta semana. Entre las más resaltantes estarían: 1) Una nueva
estructuración del Ministerio del Trabajo. 2) La creación de la Intendencia de
la Clase Obrera para la Protección del Salario y Contra la Especulación. 3) La
Integración de una Milicia Obrera armada como parte de la Fuerza Armada
Nacional. 5) La creación del Banco Bicentenario de la Clase Obrera.
Lo que no va para la
habilitante, aún cuando ayer Maduro le dio su plácet, escudándose en un
supuesto mandato de la clase obrera, es el aumento de la gasolina. Este será
harina de otro costal.
Editores de
VenEconomía
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