236230.- Un caso para analizar con muuuuuucho cuidado!!!

Caso emblemático

Este diario le ha hecho un juicioso seguimiento al caso de una vereda ubicada en la estribación occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Ciénaga, Magdalena: La Secreta es su nombre.

Por: El Espectador

Allí, los días 12 y 13 de octubre de 1998, se ejecutó una masacre (de esas que se hacen con lista en mano) por parte de los paramilitares que en esa zona mandaban la parada a punta de violencia y miedo. En el primer informe recaudamos dos desgarradores testimonios que sirven para hacer una radiografía de lo que sucedió: asesinatos a sangre fría, desplazamientos a lugares remotos de la geografía del país, pánico generalizado y abandono de la tierra... Una fotografía bien completa de lo que es y significa el conflicto armado que desangra nuestros campos.

A pesar de que el control paramilitar siguió durante un tiempo en la vereda, los habitantes de La Secreta regresaron apenas unos meses después de acontecidos los hechos: el vínculo con la tierra no es algo despreciable ni fácil de desatar para un campesino. Muchas veces es el alma misma de su existencia. Así, de una forma paulatina y lenta, y mucho antes de tener el aval institucional de los papeles membreteados del Estado, los habitantes empezaron a regresar por sus terrenos y sus cultivos. De ahí lo emblemático.

El recorrido entero, aunque oprobioso (por la ilegalidad, por el cultivo forzado de productos ilícitos), ha resultado un éxito y un modelo a seguir para la restitución de tierras en Colombia: sobre todo cuando se dio la “desmovilización” de los paramilitares en 2005 y 2006, y los hechos se ajustaron a la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, llamada también Ley de Víctimas. En ese instante fue cuando la institucionalidad jalonó los procesos: se cuentan 46 sentencias de jueces de tierras que han tratado de reconstruir la vereda y su tejido social. La mayoría de pobladores sienten que han progresado, sobre todo en lo que tiene que ver con proyectos económicos productivos.

El problema es que, como quedó consignado en el segundo informe, la amenaza de la violencia (y, por ende, del desplazamiento masivo de personas) ha vuelto en forma de microextorsión, el germen que puede hacer renacer la estela de violencia. Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, dijo, en entrevista para El Espectador que “estas personas que han sido victimizadas y desplazadas ahora encuentran que el enemigo no las quiere dejar progresar”. Enemigos que habrá que identificar con nombre propio.

No solamente para actos de seguridad, que al parecer se hacen necesarios en estos procesos, sino también de legalidad: tal y como lo indicó Sabogal, los opositores deberían encarrilarse en la ruta legal y presentar las pruebas (si es que las tienen) de algún tipo de propiedad sobre terrenos que sean susceptibles de disputa judicial.

El esfuerzo de La Secreta, un extraño caso de integración de la voluntad colectiva y la institucional, no puede ser echado al traste: sería un mensaje profundamente negativo para los procesos de restitución de tierras que se piensan a futuro. Y sería, sobre todo, una tragedia humana para quienes allí han regresado a restablecer lo que la violencia les quitó. Es común en este país oír historias de apropiaciones de tierras manchadas previamente con la sangre de las masacres: a esa ordenación catastrófica del territorio no hay que hacerle eco ni dejarle ningún espacio. La Secreta, por tanto, debe protegerse. Perderíamos mucho como país si la violencia regresa.