263296.- Trajes de Fiesta?

El traje de la revolución

La revolución, al igual el emperador, quedó desnuda.

A inicios de junio, el Gobierno de Maduro quedó desnudo al ser reprobado en la evaluación que le hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, sobre su cumplimiento de la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

En esa oportunidad, los enviados del Gobierno de Venezuela no pudieron dar respuestas coherentes a las denuncias sobre la persecución de trabajadores y sindicalistas, sobre la detención y juicios abiertos contra estos ni a la renuencia persistente del Gobierno a discutir y suscribir convenciones colectivas del sector público. Tampoco pudieron hilar justificativos creíbles sobre la crisis de escasez de alimentos y fármacos que afecta a la población de Venezuela, la desbordada inflación ni al repunte de la pobreza. Menos aún pudieron rebatir las acusaciones sobre la falta de independencia del Poder Judicial, la criminalización de la protesta, la situación carcelaria ni sobre la brutal represión de policías y militares durante las protestas de 2014. 

En resumen, en esas instancias quedó demostrado el retroceso que ha sufrido el país en derechos laborales, derechos económicos y sociales y las libertades civiles. 

Este lunes y martes, Venezuela volvió a sentarse en el banquillo internacional, con el objeto de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU efectuara un riguroso examen sobre el estado de los Derechos Humanos y Políticos en Venezuela, a fin de evaluar cómo se está implementando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Venezuela vuelve a esa instancia luego de una ausencia de 15 años. 

Lamentablemente, aunque la audiencia fue pública, la mayoría de los venezolanos no tuvo acceso a esta información de interés nacional, ya que el evento no fue televisado en Venezuela, y fue prácticamente ignorado por los medios impresos. Como es público y notorio ninguna noticia que contradiga la idílica visión de país que se transmite por la monolítica red de comunicación del Estado es tema a divulgar por la misma. Sin embargo, el Gobierno no pudo imponer un black out total debido a que el debate pudo ser seguido en vivo por los ciudadanos con acceso a internet desde el enlace www.treatybodywebcast.org. 

A través de ese enlace se pudo ver el patético desempeño de la delegación venezolana encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, e integrada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; la rectora del CNE, Sandra Oblitas; la Alta Comisionada para la Paz y la Vida, Isis Ochoa y el presidente de Conatel, William Castillo. 

Esta delegación no respondió a las interrogantes de los 18 expertos independientes que integraron al Comité evaluador. Como de costumbre los funcionarios de Venezuela se ciñeron al libreto ya rayado que esgrime argumentos falaces de que en Venezuela se ejerce plenamente el derecho a la protesta; que hay respeto a la vida de los ciudadanos; que existe libertad de expresión y que no se censura. Además de justificar las ilegalidades y violaciones a las garantías constitucionales con el manido discurso de golpes de Estado, planes de magnicidio y atentados a la soberanía nacional. 

Los miembros del Comité escucharon con asombro y estupor las mentiras y los insólitos alegatos de los funcionarios venezolanos, quienes no lograron desmentir los informes y documentaciones que presentaron las diversas ONG nacionales e internacionales, cuyo trabajo de hormiguitas está develando al mundo la precaria situación de los derechos humanos, políticos, económicos y civiles de sus ciudadanos. 

Las refutaciones de los miembros del Comité hicieron picadillo los exabruptos y prepotencia de Ortega Díaz, al referirse al caso de la ex juez María Lourdes Afiuni, a quien recordaron que en esa instancia todos tenían los mismos derechos de expresar su opinión, y acorralaron a Castillo con las evidencias de la persecución a los medios y las penas impuestas a los 22 directivos de Tal Cual, La Patilla y El Nacional. 

En resumen es poco lo que puede hacer o decir el Gobierno de Nicolás Maduro para justificar, negar ni ocultar el evidente fracaso del Socialismo del siglo XXI, las flagrantes violaciones a los Derechos Humanos y la pérdida de libertades que sufren los venezolanos. 

Editores de VenEconomía