Caso Guyana: Más vale tarde que nunca

No resulta aceptable es que el gobierno, por razones netamente políticas, descalifique la naturaleza jurídica de la reclamación y mantenga por demasiado tiempo silencio comprometedor en esta materia. Menos mal que la presión de la opinión pública logró, aunque sea parcialmente detener la pretendida amputación de nuestra fachada atlántica

Aunque tarde finalmente reaccionó la cancillería venezolana y objetó la solicitud del gobierno guyanés de extender su plataforma continental hasta 350 millas, sin tomar en cuenta los derechos venezolanos sobre ese espacio marítimo y la existencia de la reclamación del territorio Esequibo, sometido a un procedimiento de Naciones Unidas con base en el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por el Reino Unido, Venezuela y el gobierno aún no independiente de Guyana.

No estamos aún en conocimiento del texto presentado por el gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas para que le haga saber a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de esa organización la objeción que el gobierno de Venezuela hace a dicha solicitud. Por lo tanto, por ahora, solo nos referiremos al comunicado de prensa de la Casa Amarilla.

Es importante que se haya objetado la solicitud realizada el 6 de septiembre de 2011 por el gobierno de la república cooperativa de Guyana a la comisión de límites de la plataforma continental de Naciones Unidas. También lo es que se diga sin rodeos que existe una reclamación territorial regida por el Acuerdo de Ginebra de 1966. Lo que no está bien es la argumentación equívoca de que es una herencia del colonialismo porque si eso fuera así entonces cual fue el sentido del decreto 231 firmado en Angostura por el Libertador en fecha 15 de octubre de 1817, en el que deja bien claro los límites entre Venezuela y la colonia del Reino Unido, fijando el límite entre ambos territorio en el fuerte Muruca al oeste del río Esequibo.

Si hay una herencia del imperialismo expansivo fue el intento de la Corona Británica de extender su jurisdicción hasta las mismas riberas del Orinoco. El resto es historia conocida desde el laudo amañado de 1899 hasta todo lo ocurrido consecutivamente.

Venezuela nunca ha pretendido imponer una solución a la controversia territorial por la fuerza, se ha limitado a exigir que se encuentre un arreglo práctico y satisfactorio entre las dos naciones tomando como base en el Acuerdo de Ginebra.

Lo que no resulta aceptable es que el gobierno de una u otra manera, por razones netamente políticas, descalifique la naturaleza jurídica de la reclamación y mantenga por demasiado tiempo silencio comprometedor en esta materia. Menos mal que la presión de la opinión pública logró, aunque sea parcialmente detener la pretendida amputación de nuestra fachada atlántica.

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