7732.- ¡Hasta las últimas consecuencias!

VenEconomía Opina, 14 de septiembre de 2012

Estaba claro para miles de ciudadanos de Venezuela y el mundo, que los comisarios Lázaro Forero, Iván Simonovis y Henry Vivas, así como los policías metropolitanos Erasmo Bolívar, Marco Hurtado, Luis Molina, Rafael Alfredo Nazoa, Arube Pérez, Julio Ramón Rodríguez, Héctor Rovaina y Ramón Humberto Zapata son víctimas inocentes de un régimen que se ha dedicado a cercenar la disidencia política en Venezuela y de su putrefacto sistema de justicia.
A quienes siguieron el largo y manipulado juicio les es más que obvio que estos 11 funcionarios policiales fueron condenados a largas penas de prisión sin que existiese prueba alguna de su supuesta culpabilidad en los hechos que le imputaron.
Y para quienes se documentaron y analizaron los hechos sangrientos del 11 de abril de 2002, fue más que evidente que el juicio y la condena a estos 11 padres de familia buscaba exculpar al gobierno y a sus representantes de la emboscada contra una manifestación pacífica de miles de venezolanos que pedían la renuncia de Hugo Chávez Frías. Una masacre perpetrada por los llamados pistoleros de Puente Llaguno, guardias nacionales al servicio de Miraflores y francotiradores jamás identificados, que dejó un saldo de 19 personas fallecidas y decenas de heridos.
Sin embargo, no ha sido sino hasta este jueves 13 de septiembre cuando el propio verdugo que selló el amargo destino de los comisarios y policías metropolitanos, presentó a los venezolanos y al mundo los intríngulis inverosímiles que rodearon el caso.
Este revelador jueves el abogado Carlos Ramírez López, representando al ex magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, leyó en rueda de prensa un documento notariado y apostillado en Costa Rica por el mismo Aponte Aponte como fe de legitimidad, en donde el ex magistrado admite haber ordenado a los jueces que condenaran a los policías y comisarios del 11-A a 30 años de prisión atendiendo órdenes directas del presidente Chávez.
Textualmente dice el documento: "Es un deber inaplazable confesar ante ustedes que he cometido el pecado de haber transmitido a los jueces que los juzgaron, la orden de condenarles a 30 años de prisión a como diera lugar". Incluso reveló el ex magistrado que mantuvo "comunicación constante con la jueza Maryorie Calderón y con la fiscal Haifa El Aissami para que hicieran todo para retrasar el juicio y causar penuria con los traslados y para que finalmente se produjera la sentencia condenatoria a como de lugar. Sentencia que entregué en digital a dicha jueza elaborada por uno de mis asistentes".
Asegura, además, que igual lo hizo "con los jueces de la Corte de Apelaciones de Aragua, Fabiola Colmenares, Antonio Perillo y Francisco Coggiola”.
Asevera que, sin leer el largo recurso de Casación elevado a la Sala de Penal por los acusados, sentenció a éste “sin lugar”, supuestamente atendiendo la orden de Chávez de "salir de eso de inmediato sin más tardanza. Condénelos de una vez".
A casi 24 horas de hacerse público este documento, los representantes de los poderes públicos (TSJ, Fiscalía General de la Republica, Asamblea Nacional y Defensoría del Pueblo) no han dicho ni pío. Como tampoco ha abierto su boca el señor Presidente de la República para desmentir o dar la cara por estos graves señalamientos de su antiguo magistrado de confianza.
Venezuela exige que se investigue hasta las últimas consecuencias la veracidad de las acusaciones de Aponte Aponte, y que se resarza a los comisarios y policías por tamaña injusticia, aunque no puedan devolverle los años de libertad que les robaron a sus vidas.
Que surjan revelaciones como ésta deja claro que en Venezuela, la Democracia, la justicia y la separación de poderes dejaron de existir hace casi 14 años. Es ahora que se les está quitando las vendas de los ojos a los venezolanos para que tengan la oportunidad de restablecer la Democracia el próximo 7 de octubre.

 

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