7959.- Ganó Capriles

FERNANDO OCHOA ANTICH| EL UNIVERSAL

domingo 28 de abril de 2013 12:00 AM

Esta es la verdad. No hay manera de negarla. Si no fuese así, el Consejo Nacional Electoral ya hubiera iniciado la auditoría satisfaciendo todas las exigencias de la oposición. Es el camino más fácil para eliminar la sombra de ilegitimidad que amenaza gravemente la estabilidad del débil gobierno de Maduro. Si no hay nada que ocultar, como han dicho repetidamente las rectoras del CNE, qué razones pueden existir para no conceder un derecho ciudadano claramente establecido en la ley Orgánica de Procesos Electorales y en los respectivos reglamentos. Además, negarse a resolver un problema de tanta importancia al no conceder las exigencias de la oposición conduce a Venezuela a una crisis política de consecuencias impredecibles.

Este problema político se ha ido agravando. Actualmente, ya no es una solicitud de los venezolanos que respaldaron a Capriles. Se ha transformado en un sentimiento nacional que entiende que sería un absurdo, ante la muy pequeña diferencia de votos existentes entre cada candidato, no aprovechar la oportunidad para fortalecer la credibilidad del sistema electoral y resolver de una manera transparente la crisis nacional. Conceder hasta la más mínima exigencia de lo que solicitan los técnicos de la oposición democrática sería lo inteligente. No hacerlo, para que la oposición se vea obligada a decir que no acepta la auditoría, es un error que fortalece el permanente cuestionamiento que ha existido en el sistema automatizado y deslegitima en definitiva el resultado.

El régimen ha establecido una estrategia que está a la vista. Su objetivo es uno sólo: alcanzar, a cualquier costo, la legitimidad de Nicolás Maduro. Sus acciones son cada día más radicales: la primera, utilizar su influencia en el CNE para impedir se conceda la auditoría solicitada por la oposición sin medir sus delicadas consecuencias; la segunda, acallar la protesta popular mediante la represión, el amedrentamiento, el descrédito de Henrique Capriles y de los principales líderes de la oposición; y la tercera, mantener una muy delicada campaña de opinión que busca incentivar el odio en sus seguidores para atemorizar a la población. Esta estrategia difícilmente alcanzará el objetivo propuesto. La legitimidad no es el ejercicio del gobierno ni el abuso del poder, sino un sentimiento popular.

Al contrario, la oposición democrática diseñó una estrategia de mucho mayor alcance y efectividad. Su objetivo fundamental: preservar la popularidad de Henrique Capriles como el instrumento necesario para alcanzar el poder político. Sus acciones han sido sometidas a una rigurosa planificación esgrimiendo tres banderas: la primera, el resultado electoral es fraudulento; la segunda, agotaremos todas las instancias legales, nacionales e internacionales, para lograr demostrar esta verdad; la tercera, nuestras acciones de protesta son populares y pacíficas. Esta estrategia ha empezado a dar resultados indiscutibles: Henrique Capriles se ha fortalecido como el líder máximo de la oposición y el respaldo a la auditoría electoral alcanza, en estos momentos, cerca del 80 % de los votantes. 

Lamentablemente, el jueves 25 de abril se cumplió el plazo para que el CNE hiciera conocer las normas que regularían la auditoría, según lo ha solicitado en varias oportunidades por escrito el comando de campaña "Simón Bolívar". No ha habido respuesta. Eso obligó a Henrique Capriles a dar un plazo perentorio. Ojalá las rectoras del CNE entiendan el reto que deben enfrentar y satisfagan las solicitudes de la oposición democrática. De no hacerlo, o responder de una manera insuficiente, agravará el enfrentamiento nacional. Ciertamente, que a la oposición le quedan algunos caminos: la impugnación ante el Tribunal Supremo y las correspondientes denuncias a la comunidad internacional.

Esas alternativas son poco auspiciosas. Ante esta realidad, la única solución posible es la lucha popular. Por suerte, el ambiente es muy favorable. La compleja situación económica que enfrentan todos los sectores sociales agravará la crisis política. Es imposible que un gobierno sin legitimidad suficiente pueda enfrentar los embates de las permanentes protestas que surgirán en toda Venezuela. El régimen utilizará a la Fuerza Armada para reprimir. Eso tiene un límite. De prolongarse en el tiempo puede surgir una división interna muy delicada. Creer que sus integrantes piensan igual que los jefes militares que irrespetan la Constitución Nacional, al presentarse como activistas políticos, es sencillamente no conocer nuestra historia. Los cuadros militares siempre sufren las mismas privaciones de las mayorías nacionales.

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