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Pecados magistrales
26 DE ABRIL 2014 - 12:01 AM CET
Con fallo suscrito por el magistrado ponente Arcadio Delgado Rosales, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentenció no sólo a favor del Recurso de Interpretación de Naturaleza Constitucional y Legal sobre el Artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela presentado por Hermann Escarrá, en representación del alcalde de Guacara, Gerardo Sánchez, sino -y esto es lo que tiene de tremebunda la decisión de esa alta corte- en contra de quienes, haciendo uso del derecho que les consagra el malinterpretado artículo, han venido manifestándose con su presencia y de viva voz contra la ineficacia del gobierno.
No somos abogados ni estamos versados en ciencias jurídicas. Pero, a la luz de este dictamen, pareciese que el alcalde carabobeño se sintió motivado por instancias más altas, pero para nada celestiales, para que se moviera en el sentido que lo hizo.
Como si fuera un inspirado constructor de la misión vivienda tendió, en un santiamén, un puente para que la máxima autoridad judicial del país legitimara (de forma y manera) el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y parapoliciales a la hora de reprimir a los estudiantes, algunos de ellos víctimas de disparos de perdigones y de presuntas torturas.
El hecho de que lo haya asistido un abogado de prestigio y sólida formación, cuya presteza para servir a causas justas y otras no siempre tan justas, ha hecho recordar a algunos malintencionados al “kronjurist” o “jurista de la corona” del Tercer Reich, el famoso Carl Schmitt, cuyo pensamiento, luego de la guerra (todo hay que decirlo) fue adoptado por no pocos gobernantes de izquierda.
En fin, todo esto refuerza la convicción de cierto sector de la opinión pública de que esta última acción del TSJ responde a intereses políticos que nada tienen que ver con la constitucionalidad. Pareciera que los magistrados estuviesen escupiendo hacia arriba, conspirando contra sí mismos y patrocinando el derrumbe de la superestructura que sirve de careta normativa a la gestión roja.
Esta percepción se soporta en las tesis que los “teóricos” marxista leninistas como Guillermo García Ponce sostuvieron años atrás.
El fallecido ex jefe de las FALN, en uno de esos pasquines oficialistas para los cuales no hay noticias ni fuentes fuera de Miraflores o Fuerte Tiuna, opinó que era absurdo e hipócrita mantener la ficción de poderes autónomos, pues ello debilitaba un proyecto que él asumía como de tránsito hacia la sovietización de la sociedad, que mucho le gustaba y defendía.
Y llegó a aconsejar a Chávez que los pulverizara. Todo con motivo de los debates simulados que tenían lugar en la Asamblea Nacional para designar a los integrantes de los órganos del poder público. Propuso, además, que en vez de estar llenando vacíos que tildó de burocráticos, se sepultase, junto con el cadáver del capitalismo, esos anacronismos que no eran más que una artimaña pequeño burguesa.
El Expediente Nº 14-0277 sentará no solo una bizarra jurisprudencia, sino que ha de sumarse al conjunto de apreciaciones y veredictos favorables al Poder Ejecutivo que sirve de firme asidero a quienes aseveran que, en Venezuela, hace mucho tiempo fue aniquilado el Estado de Derecho por un régimen absolutista al cual le resbalan Montesquieu, el espíritu de las leyes y la teoría de la separación de poderes.
No somos abogados ni estamos versados en ciencias jurídicas. Pero, a la luz de este dictamen, pareciese que el alcalde carabobeño se sintió motivado por instancias más altas, pero para nada celestiales, para que se moviera en el sentido que lo hizo.
Como si fuera un inspirado constructor de la misión vivienda tendió, en un santiamén, un puente para que la máxima autoridad judicial del país legitimara (de forma y manera) el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y parapoliciales a la hora de reprimir a los estudiantes, algunos de ellos víctimas de disparos de perdigones y de presuntas torturas.
El hecho de que lo haya asistido un abogado de prestigio y sólida formación, cuya presteza para servir a causas justas y otras no siempre tan justas, ha hecho recordar a algunos malintencionados al “kronjurist” o “jurista de la corona” del Tercer Reich, el famoso Carl Schmitt, cuyo pensamiento, luego de la guerra (todo hay que decirlo) fue adoptado por no pocos gobernantes de izquierda.
En fin, todo esto refuerza la convicción de cierto sector de la opinión pública de que esta última acción del TSJ responde a intereses políticos que nada tienen que ver con la constitucionalidad. Pareciera que los magistrados estuviesen escupiendo hacia arriba, conspirando contra sí mismos y patrocinando el derrumbe de la superestructura que sirve de careta normativa a la gestión roja.
Esta percepción se soporta en las tesis que los “teóricos” marxista leninistas como Guillermo García Ponce sostuvieron años atrás.
El fallecido ex jefe de las FALN, en uno de esos pasquines oficialistas para los cuales no hay noticias ni fuentes fuera de Miraflores o Fuerte Tiuna, opinó que era absurdo e hipócrita mantener la ficción de poderes autónomos, pues ello debilitaba un proyecto que él asumía como de tránsito hacia la sovietización de la sociedad, que mucho le gustaba y defendía.
Y llegó a aconsejar a Chávez que los pulverizara. Todo con motivo de los debates simulados que tenían lugar en la Asamblea Nacional para designar a los integrantes de los órganos del poder público. Propuso, además, que en vez de estar llenando vacíos que tildó de burocráticos, se sepultase, junto con el cadáver del capitalismo, esos anacronismos que no eran más que una artimaña pequeño burguesa.
El Expediente Nº 14-0277 sentará no solo una bizarra jurisprudencia, sino que ha de sumarse al conjunto de apreciaciones y veredictos favorables al Poder Ejecutivo que sirve de firme asidero a quienes aseveran que, en Venezuela, hace mucho tiempo fue aniquilado el Estado de Derecho por un régimen absolutista al cual le resbalan Montesquieu, el espíritu de las leyes y la teoría de la separación de poderes.
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