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Veneconomía 18 de abril de
2013
Luego de los polémicos resultados de los comicios del 14
de abril, y sin entender cabalmente que el país es otro donde ya no son la
mayoría, los castrocomunistas se han puesto “rodilla en tierra” para arreciar
aún más el proceso dictatorial y poner de rodillas al resto de la población.
Muestras de esta dramática realidad la están viviendo en
varias ciudades del país los manifestantes detenidos, cuyos familiares
denuncian que han recibido malos tratos, además de obligarlos a cantar
consignas pro Maduro y la revolución, al mejor estilo nazi.
También a los parlamentarios del bloque de la unidad
democrática les tocó lo suyo con las agresiones físicas a varios diputados así
como con la inconstitucional decisión del presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello, de negarle el derecho de palabra a los parlamentarios que no
expresaran de viva voz el reconocimiento de Maduro como Presidente.
La radicalización del castrocomunismo se extiende además
a los damnificados que se hunden en refugios insalubres y a los beneficiarios
de misiones, a quienes Odalis Monzón, una diputada del PSUV por el estado
Vargas, amenazó por twitter con meterle la lupa a quienes toquen cacerolas,
para que luego “no pidan cacao”. Así como también está afectando al sector laboral,
debido a la alta votación de Henrique Capriles en algunas zonas donde
predominaba la votación para Chávez. Por ejemplo en Guayana, se pretende
revivir en las empresas del Estado de esa zona el apartheid aplicado con las
listas Tascón y Maisanta en contra de trabajadores disidentes.
Es alarmante escuchar a trabajadores y sindicalistas del
gobierno aupar para que se “depuren las nóminas de trabajadores que no estén
suficientemente comprometidos con el proceso revolucionario”, o vociferar para
que se haga una “limpieza” para hacer de Corpoelec una empresa “rojita”, en
flagrante violación al derecho universal al trabajo.
Igual de alarmante es que en vez del oficialismo estar
abocado a buscar soluciones concertadas con el sector privado para activar el
sistema productivo nacional y solventar la galopante crisis económica en la que
ha sumergido al país, está malgastando su tiempo y energías para profundizar la
presión, la coacción y las amenazas contra la industria y el comercio si no se
pliegan sin condiciones al gobierno, hecho que viola el derecho de libre
empresa consagrado en la Constitución.
Por ejemplo, a pesar de que en el país no hay ninguna
amenaza de huelga general, funcionarios del Ministerio del Trabajo están
obligando a los comerciantes de Caracas y del interior del país a firmar un
acta de compromiso de no suspender sus actividades, según informó a la prensa
Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de
Caracas.
Otra muestra preocupante es la reunión que convocó el
vicepresidente Jorge Arreaza con el Ejecutivo Nacional y más de 70 empresarios
de los sectores alimenticio y farmacéutico donde, en vez de analizar las
soluciones y acuerdos plausibles para garantizar el abastecimiento y la
producción de estos rubros, se les exigió que no se “acoplen” con la oposición,
pues como afirmara el ministro de Alimentación Carlos Osorio “la reunión no era
para hablar de dificultades, sino para ver si los empresarios nos apoyan”.
En vez de buscar el estado de bienestar de los ciudadanos,
los que pretenden gobernar al país buscan poner de rodillas a toda la población
para privilegiar a un proyecto político no compartido por la mayoría. Eso se
llama dictadura y es augurio de una profundización de la crisis económica y
social mayor a la que se temía.
